Washington, 6 feb (Prensa Latina) Un sentimiento que resulta común hoy entre muchos inmigrantes en Estados Unidos es el temor a ser deportados a raíz de las redadas que ejecuta el Gobierno del presidente Donald Trump.
Vendedores ambulantes en Nueva York, los jornaleros que son contratados día a día, repartidores de restaurantes y trabajadores del servicio doméstico, en no pocos casos cambiaron su rutina en este contexto de miedo generalizado, según medios locales.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó que arrestó a más de cinco mil 500 inmigrantes indocumentados desde el 23 de enero.
La ofensiva antiinmigrante de Trump desató desde el domingo pasado protestas de cientos de miles de personas a nivel del país contra el aumento de estas redadas.
El lunes, a nivel nacional se celebró Un día sin inmigrantes, una jornada con fuerte presencia de latinos que rechazó las actuales políticas del Presidente.
Mike Collins, congresista republicano de Georgia, dijo que presentará en el Capitolio una iniciativa para convertir las protestas en autopistas en un delito federal.
Afirmó que «primero fueron los simpatizantes de Hamás (movimiento de resistencia islámica palestina) y ahora lo hacen los ilegales y quienes los apoyan».
El mismo día de su investidura el pasado 20 de enero, Trump anunció una agresiva agenda dirigida hacia la inmigración, energía y el comercio internacional, y además desmanteló las disposiciones de su predecesor demócrata Joe Biden.
Entre los primeros plumazos, tras su entrada en el Despacho Oval, el mandatario declaró una emergencia nacional en la frontera sur para atacar la migración irregular; mandó mil 500 soldados adicionales al borde limítrofe con México, e inició el controvertido proceso de redadas y deportaciones para los que se utilizan, incluso, aviones militares.
Además, desempolvó el programa «Quédate en México», canceló el CBP One, una medida de la era Biden que permitía el ingreso legal a Estados Unidos y pretende eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, algo que ya recibió demandas ante los tribunales porque críticos y defensores de los migrantes lo consideran inconstitucional.